El lunes 23 de noviembre se inició un paro regional indefinido convocado por la Alianza de Federaciones de Madre de Dios, que agrupa sobre todo a los mineros que operan ilegalmente en esta región del país y que vienen siendo abiertamente apoyados por el gobernador regional, Luis Otsuka Salazar. La plataforma del paro se resume en una sola palabra: derogar. 

En efecto, los mineros y las autoridades de esta región buscan derogar el Decreto Supremo 013-2015 (que establece mecanismos de control de insumos utilizados por esta actividad) y el Decreto Legislativo 1220 (contra la tala ilegal), entre otras medidas.

Antes del inicio del paro las noticias provenientes de Madre de Dios eran más que preocupantes. El terrible asesinato de Alfredo Bracko, concesionario reforestador, que se había enfrentado precisamente a las mafias de mineros informales, no era un caso aislado. También se habían presentado amenazas y agresiones directas a los guardaparques del Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas (Sernamp), que habían denunciado la entrada a la Reserva Nacional de Tambopata de mineros ilegales procedentes de la zona de La Pampa. El pasado 7 de octubre hubo un enfrentamiento con los mineros que dejó un guardabosque herido.

Como se ha señalado, lo más grave es que las actividades de los mineros ilegales son respaldadas por el propio gobernador regional, Otsuka Salazar, que no debemos olvidar ha sido presidente de la Federación de Mineros de Madre de Dios. Como es de conocimiento público, el gobierno regional viene construyendo carreteras precisamente en las zonas de amortiguamiento de las reservas del Manu y Tambopata. El Sernamp ha denunciado que estas carreteras tienen como principal objetivo facilitar el traslado de combustible para actividades ilegales mineras y de extracción de madera.

¿Qué está pasando en esta región? Como se puede apreciar, todo indica que estamos frente a un plan concertado que busca crear una suerte de zona liberada para actividades ilegales en esta parte del país, con los efectos ya conocidos: depredación de bosques, afectación a la salud y el imperio de mafias de todo tipo.

En medio de toda esta situación preocupa la poca capacidad del Estado peruano para actuar de manera coordinada frente a un problema que demanda la intervención de diferentes sectores. Peor aún, el gobierno regional de Madre de Dios, a cargo de la formalización y fiscalización de esta actividad, aparece siempre listo para boicotear cualquier estrategia seria y sostenida de lucha contra una actividad abiertamente ilegal.

Lo cierto es que tras el impulso inicial en la lucha contra la minería ilegal, la producción en Madre de Dios ha vuelto a recuperarse -en lo que va del año ha crecido en 5.68%-, luego de dos años de sucesivas caídas[1]. Madre de Dios se ubica actualmente en el cuarto lugar en el ranking de producción aurífera a nivel nacional, por detrás de La Libertad, Cajamarca y Arequipa.

Si bien la minería ilegal e informal tiene presencia actualmente en 21 de las 25 regiones del país, la que se lleva a cabo en Madre de Dios destaca de manera particular, no solo porque concentra la mayor parte de esta actividad (medida en términos de cantidad de trabajadores involucrados y participación relativa en la producción nacional de oro), sino también por sus efectos nefastos en el ecosistema: 50 mil hectáreas de bosques arrasados en dicho territorio y gran parte de los ríos de la región han sido contaminados por mercurio y cianuro.

No hay que perder de vista que Madre de Dios no es solo una región amazónica del país. Es una de las joyas del territorio nacional que está considerada como una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta: el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, junto al parque Nacional Bahuaja Sonene, forman parte del Corredor de Conservación Vilcabamba Amboro.

El Ministerio del Ambiente tiene razón cuando afirma que no hay derecho que se siga atentando contra la Amazonia, contra la diversidad biológica del país y que se afecten irremediablemente los cauces de los ríos y todo el entorno. Cualquier tipo de minería, grande, mediana o pequeña, debe respetar los necesarios mecanismos de regulación que se tienen que seguir desarrollando en el país.

El mercurio no se puede seguir expandiendo en nuestras cuencas amazónicas, afectando la riqueza biológica de nuestro territorio e impactando la salud de las poblaciones, ni se puede aceptar las condiciones laborales y la explotación de personas que se ve en Madre de Dios. Urge construir un acuerdo de gobernabilidad para la minería en el país que por supuesto tome en cuenta el capítulo doloroso de la minería informal.

[1] Por ejemplo, la producción de la minería informal de Madre de Dios se redujo en 48.9% durante el 2014.