Jaime De Althaus firma sus artículos en el diario El Comercio como periodista y antropólogo. Cuesta creer que en sus columnas haya algo de análisis antropológico. Lo que sí hay es ideología pura y dura y por supuesto tiene todo el derecho de expresarla. El problema es que muchos de los argumentos que escribe y también repite en su programa diario en televisión de cable, no toma ni por asomo la data dura de la realidad y es una lectura tremendamente plana del país para alguien que se presenta como antropólogo. 

Pese a que los datos de la realidad le demuestran lo contrario, De Althaus viene sosteniendo tercamente que en las zonas de influencia de la minería hay una mayoría silenciosa que casi siempre termina siendo secuestrada por una minoría bulliciosa, movilizada, que en base al temor termina imponiéndose: lo dijo en Conga, hasta que una contundente encuesta de Ipsos Apoyo, a mediados de 2012, lo desmintió categóricamente. Ahora, nuevamente en el caso de Tía María ha insistido con esta “teoría”.

No sabemos cómo De Althaus habrá reaccionado a la encuesta publicada por la empresa GFK el pasado domingo 31 de mayo en el diario La República[1]: según la mencionada encuesta, las personas que piensan que el proyecto Tía María debe suspenderse o cancelarse definitivamente, suman 68% de los consultados. Frente a otra interrogante, que apunta a identificar con cuál posición se sienten más identificados los encuestados, el 59% responde que los pobladores tienen razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para evitar eso no son suficientes. La otra opción, la minera tiene razón, recibe el respaldo del 29% de los encuestados.

El artículo de De Althaus también alude a una extraordinaria capacidad de diferentes grupos (de izquierda, ong, etc.) que se logra imponer “sobre la base de una conquista previa: la de la mente de muchos peruanos que ahora creen sinceramente que la minería es mala”. Tremendo argumento, porque ojo, ya no son solamente pequeñas poblaciones manipuladas por estos grupos; ahora es la gran mayoría de la opinión pública, incluso de las grandes ciudades. No cabe más que preguntar ¿cómo lo hacen? ¿Cómo grupos con estructuras tan pequeñas, precarias y que tienen escasísimos recursos -sobre todo si se los compara con los presupuestos de empresas poderosísimas-, pueden lograr tamaños resultados? Ni una sola explicación consistente sobre el tema. ¿Alguien se anima?

El otro gran problema de este tipo de análisis es que al armar el fantasma de la gran conspiración se impide, consciente o inconscientemente, que se identifiquen los graves problemas irresueltos en el país y las bases objetivas que explican los conflictos vinculados a actividades como la minería. Estos mismos sectores y esta corriente de opinión no quieren, por ejemplo, institucionalidad ambiental fuerte; ni consulta previa, libre e informada; tampoco fiscalización ambiental; apoyan a las empresas mineras que pretenden traerse abajo el aporte por regulación y varias otras perlas. Rechazan la posibilidad de hacer minería de otra forma y pretenden mantener las mismas políticas desgastadas cuando el reto para el país es cómo nos imaginamos la minería para el futuro.

Nadie pretende que el Perú renuncie a su riqueza más notoria. Es un argumento falso que busca caricaturizar posiciones y propiciar un falso debate. La propuesta es revisar y corregir el camino recorrido por el país en los últimos 25 años. Se trata también de aprender de las mejores experiencias y de lo que se está haciendo hoy en día en países que también tienen una alta dotación de recursos naturales.

Al terminar, De Althaus menciona a Australia y Canadá, cuyas exportaciones mineras son 4 veces o más que las peruanas y tienen una economía más diversificada. Concluye señalando triunfalmente: a más minería, más diversificación. Lo que su dogma liberal le impide decir es que precisamente en esos países los Estados planifican, regulan, fiscalizan, sus instituciones se fortalecen y sus pueblos indígenas son consultados y participan en los procesos de toma de decisión. También olvidó decir que, por ejemplo Australia, en plena negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) se opone a incluir cláusulas de arbitraje, precisamente por las experiencias previas y la necesidad que tienen de seguir ajustando y mejorando regulaciones sociales y ambientales. ¿De qué lado están las posiciones fundamentalistas?

[1] Encuesta realizada a población urbana de hombres y mujeres de 18 años a más de todos los datos socio- económicos del Perú. Mayo 2015.